No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino.
JAMES DEAM
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sábado, 30 de mayo de 2009
jueves, 21 de mayo de 2009
Los concejales leales a Pavón no apoyarán la moción de censura del PSOE contra Pazos
CAMAS (SEVILLA), 20 May. (EUROPA PRESS) -
Los concejales de IU-CA alineados junto al coordinador local del partido y ex alcalde de Camas (Sevilla), Agustín Pavón, han resuelto no apoyar la moción de censura promovida por el grupo socialista contra el alcalde, Juan Ignacio Pazos, al entender que los socialistas no ofrecen "garantías" de gobernabilidad al reclamar apoyo para un gobierno en solitario pero en minoría, por lo que mañana no comparecerán a la convocatoria cursada por el portavoz socialista, Rafael Recio.
Pavón informó a Europa Press de que desde las 20,00 horas los líderes locales de PSOE e IU-CA, formación esta última cuya ejecutiva regional ha expulsado a Juan Ignacio Pazos y sus tres concejales afines, han estado debatiendo en torno a la moción de censura que el PSOE espera formalizar mañana contra el alcalde y todavía socio oficial de gobierno, extremo para el cual están también mañana convocados todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Camas.
Dado que el PSOE propone expulsar a Pazos de la Alcaldía y gobernar en solitario pese a no gozar de mayoría absoluta, Agustín Pavón anunció que los concejales de IU-CA no sometidos a los expedientes de expulsión aprobados por la ejecutiva andaluza de la federación de izquierdas no asistirán mañana a la firma de la moción de censura y tampoco la apoyarán en el correspondiente pleno, porque un gobierno en solitario del PSOE "no tiene garantías de estabilidad", además de que "no se ha profundizado lo suficiente en la creación de un programa de gobierno conjunto entre ambas fuerzas".
Agustín Pavón, tutor político de Pazos y posteriormente enemigo al desligarse el alcalde de los órganos locales del partido y formar gobierno con el PSOE en contra de las directrices de la directiva camera de la federación de izquierdas, advirtió a Europa Press de que el Ayuntamiento requiere "un cambio de rumbo, no un cambio de persona", por lo que insistió en que sus concejales "no van a apoyar esta moción de censura".
No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino.
JAMES DEAM
martes, 12 de mayo de 2009
Las grabaciones de los denunciantes del soborno no sirven como prueba
El CorreoLa Guardia Civil comunica al juzgado que investiga el caso que no puede cotejar las voces de los imputados con las escuchas porque éstas no tienen calidad suficiente.
El ex alcalde de Camas, Agustín Pavón, en una imagen de archivo.
La Audiencia de Sevilla anuló primero los pinchazos telefónicos practicados en el caso del intento de soborno a la ex concejal de Camas Carmen Lobo, y ahora la Guardia Civil ha informado al juez de que no es posible cotejar las voces de los imputados con las grabaciones privadas que en su día realizaron los denunciantes. El resultado del estudio realizado por los especialistas del área de acústica del servicio de Criminalística de la Guardia Civil y que ha sido remitido al juzgado de Instrucción número 2, implica en la práctica restar otra de las pruebas de cargo que existían contra los acusados. Al no poder cotejarse las voces de los imputados con las que aparecen en las cintas grabadas por los denunciantes, Francisco Gordo y Carmen Lobo, las grabaciones no pueden acreditar que los procesados realizaran las manifestaciones que en ellas se recogen.El informe de la Guardia Civil señala que no ha sido posible comparar las voces porque las grabaciones que en su día realizaron los denunciantes, con reproductores mp3, "no cumplen las condiciones mínimas de calidad" para llevar a cabo el estudio, con independencia de que los agentes han comunicado al juez que van a realizar un análisis fonético-lingüístico de las voces de los imputados: el ex alcalde de Camas, Agustín Pavón, los ex concejales Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, y el intermediario en el presunto cohecho, Eusebio Gaviño.La realización de esta prueba de reconocimiento de voz fue acordada en octubre de 2008 por el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, que consideró que esta pericial era "importante" para la investigación de la causa. De hecho, cuando la Audiencia de Sevilla anuló en mayo del año pasado las escuchas telefónicas policiales explicó que esta declaración de nulidad no podía conducir al archivo del caso -como habían solicitado los abogados defensores-, porque existían otras pruebas como la propia denuncia del caso, una copia del proyecto urbanístico La cornisa de Camas, y las grabaciones audiovisuales realizadas por los denunciantes que no estaban contaminadas.El resultado de la prueba pericial de la Guardia Civil deja al instructor sólo con las manifestaciones de los denunciantes como principal prueba de cargo para esclarecer los hechos denunciados y concretar la posible participación de los imputados en el intento de soborno a la ex concejal Carmen Lobo.El ex alcalde de Camas, Agustín Pavón, consideró ayer que el informe de la Guardia Civil prueba que el caso "se está desinflando" y advirtió de que el ex militante de IU Francisco Gordo entregó las grabaciones "manipuladas" y actuó "con clara animadversión y odio".
La Audiencia de Sevilla anuló primero los pinchazos telefónicos practicados en el caso del intento de soborno a la ex concejal de Camas Carmen Lobo, y ahora la Guardia Civil ha informado al juez de que no es posible cotejar las voces de los imputados con las grabaciones privadas que en su día realizaron los denunciantes. El resultado del estudio realizado por los especialistas del área de acústica del servicio de Criminalística de la Guardia Civil y que ha sido remitido al juzgado de Instrucción número 2, implica en la práctica restar otra de las pruebas de cargo que existían contra los acusados. Al no poder cotejarse las voces de los imputados con las que aparecen en las cintas grabadas por los denunciantes, Francisco Gordo y Carmen Lobo, las grabaciones no pueden acreditar que los procesados realizaran las manifestaciones que en ellas se recogen.El informe de la Guardia Civil señala que no ha sido posible comparar las voces porque las grabaciones que en su día realizaron los denunciantes, con reproductores mp3, "no cumplen las condiciones mínimas de calidad" para llevar a cabo el estudio, con independencia de que los agentes han comunicado al juez que van a realizar un análisis fonético-lingüístico de las voces de los imputados: el ex alcalde de Camas, Agustín Pavón, los ex concejales Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, y el intermediario en el presunto cohecho, Eusebio Gaviño.La realización de esta prueba de reconocimiento de voz fue acordada en octubre de 2008 por el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, que consideró que esta pericial era "importante" para la investigación de la causa. De hecho, cuando la Audiencia de Sevilla anuló en mayo del año pasado las escuchas telefónicas policiales explicó que esta declaración de nulidad no podía conducir al archivo del caso -como habían solicitado los abogados defensores-, porque existían otras pruebas como la propia denuncia del caso, una copia del proyecto urbanístico La cornisa de Camas, y las grabaciones audiovisuales realizadas por los denunciantes que no estaban contaminadas.El resultado de la prueba pericial de la Guardia Civil deja al instructor sólo con las manifestaciones de los denunciantes como principal prueba de cargo para esclarecer los hechos denunciados y concretar la posible participación de los imputados en el intento de soborno a la ex concejal Carmen Lobo.El ex alcalde de Camas, Agustín Pavón, consideró ayer que el informe de la Guardia Civil prueba que el caso "se está desinflando" y advirtió de que el ex militante de IU Francisco Gordo entregó las grabaciones "manipuladas" y actuó "con clara animadversión y odio".
Publicado en el Correo de Andalucía
Presunto cohecho
El delegado de Empleo declara ante la Policía por el caso Mercasevillla
J. Alonso / C. RengelEl caso del supuesto cobro de comisiones en Mercasevilla, investigado por la Fiscalía tras una denuncia realizada por los empresarios del Grupo La Raza, ha tomado un nuevo rumbo. La Policía Judicial ha tomado declaración al delegado provincial de Empleo. Esta decisión se ha adoptado, según fuentes próximas al caso, porque el propio Mellet alegó que pedía dinero a instancias de Rivas. Éste negó todas estas acusaciones y subrayó que él no tiene acceso a los expedientes de las subvenciones afectados. Antonio Rivas ha sido alcalde de Camas durante nueve años, diputado provincial y, desde 2000, ocupa el cargo de delegado provincial de Empleo de la Junta. Esta decisión se produce el mismo día en el que el PP instaba a investigar la gestión de la Consejería de Empleo e IU pedía públicamente la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz y que el propio consejero Antonio Fernández informase a los diputados de los pormenores del caso que estudia la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra. Los hechos denunciados, recogidos en una grabación, plantean que tanto Fernando Mellet como su director adjunto Daniel Ponce reclamaron una comisión de 450.000 euros a los directivos del Grupo La Raza como condición para acceder a las subvenciones para instalar una escuela de hostelería en el recinto de Mercasevilla, ubicado en la Carretera de Málaga. Alegaron entonces que era una “práctica habitual”. Se estudia si estos hechos suponen un delito de cohecho, lo que implica entre dos y seis años de prisión. Mercasevilla celebró ayer un consejo de administración que sirvió para aprobar las últimas cuentas de Mellet y la auditoría realizada sobre su gestión. Ambas favorables. No se eligió a su sustituto, sino que se decidió crear una gestora, dirigida por los ediles Alfonso Mir (PSOE) y Josefa Medrano (IU), y representantes de la sociedad estatal Mercasa. Pero sobre todo el consejo abrió el primer debate público sobre la gestión del ex director investigado por un caso de supuesta petición de comisiones para facilitar el acceso a una subvención de la Junta de Andalucía. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, no acudió. Sí el resto de miembros del consejo, que votaron la creación de un nuevo órgano auditor que se encargará de revisar la gestión y contratar a un órgano externo, así como el impulso de un proceso similar para la Fundación Mercasevilla. Ésta aparece en las grabaciones en las que Mellet pidió 150.000 euros para pagar una instalación eléctrica del centro y otros 300.000 con un “uso no conocido” para acceder a las ayudas de la Consejería de Empleo. Ésta abrió una investigación interna, ya que aunque no se aportan nombres en las cintas, sí se plantea un escenario que vincula el caso a la Junta, y lo puso en manos de la Fiscalía. Se guardaron dos meses de silencio. Sólo lo sabían unos pocos. La Ejecutiva Provincial del PSOE y la dirección regional socialista negaron ayer tener constancia de este caso. Cuando se difundió el martes, se activaron los mecanismos. Esa misma noche se reunió de forma extraordinaria la comisión ejecutiva de Macarena, agrupación a la que pertenecen los dos directivos de la empresa participada en un 51% por el Ayuntamiento. Se aprobó por unanimidad expulsar a los dos militantes del partido. Un día después, fue el PSOE provincial quien anunció la suspensión provisional de los dos militantes y el inicio de un expediente sancionador contra ellos. “No era una obligación informarnos”, matizó el secretario de Organización del PSOE-A, Rafael Velasco, quien alabó la gestión de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de este caso. En términos similares se expresó el vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías: “El comportamiento del alcalde ha sido intachable”. “Hay que ser contundentes para apartar a las ovejas negras del rebaño”, subrayó el portavoz socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.El PP reclamó sin embargo más contundencia. Instó al Gobierno local a acudir a los tribunales. La oposición señala el nuevo objetivo: el centro de atención socioeducativa, la guardería de Mercasevilla, objeto también de un programa de subvenciones en los últimos años –97.000 euros en el último ejercicio–. Su directora es Mercedes Jiménez Llanes, la esposa de Mellet, según denunció el PP.
El delegado de Empleo declara ante la Policía por el caso Mercasevillla
J. Alonso / C. RengelEl caso del supuesto cobro de comisiones en Mercasevilla, investigado por la Fiscalía tras una denuncia realizada por los empresarios del Grupo La Raza, ha tomado un nuevo rumbo. La Policía Judicial ha tomado declaración al delegado provincial de Empleo. Esta decisión se ha adoptado, según fuentes próximas al caso, porque el propio Mellet alegó que pedía dinero a instancias de Rivas. Éste negó todas estas acusaciones y subrayó que él no tiene acceso a los expedientes de las subvenciones afectados. Antonio Rivas ha sido alcalde de Camas durante nueve años, diputado provincial y, desde 2000, ocupa el cargo de delegado provincial de Empleo de la Junta. Esta decisión se produce el mismo día en el que el PP instaba a investigar la gestión de la Consejería de Empleo e IU pedía públicamente la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz y que el propio consejero Antonio Fernández informase a los diputados de los pormenores del caso que estudia la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra. Los hechos denunciados, recogidos en una grabación, plantean que tanto Fernando Mellet como su director adjunto Daniel Ponce reclamaron una comisión de 450.000 euros a los directivos del Grupo La Raza como condición para acceder a las subvenciones para instalar una escuela de hostelería en el recinto de Mercasevilla, ubicado en la Carretera de Málaga. Alegaron entonces que era una “práctica habitual”. Se estudia si estos hechos suponen un delito de cohecho, lo que implica entre dos y seis años de prisión. Mercasevilla celebró ayer un consejo de administración que sirvió para aprobar las últimas cuentas de Mellet y la auditoría realizada sobre su gestión. Ambas favorables. No se eligió a su sustituto, sino que se decidió crear una gestora, dirigida por los ediles Alfonso Mir (PSOE) y Josefa Medrano (IU), y representantes de la sociedad estatal Mercasa. Pero sobre todo el consejo abrió el primer debate público sobre la gestión del ex director investigado por un caso de supuesta petición de comisiones para facilitar el acceso a una subvención de la Junta de Andalucía. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, no acudió. Sí el resto de miembros del consejo, que votaron la creación de un nuevo órgano auditor que se encargará de revisar la gestión y contratar a un órgano externo, así como el impulso de un proceso similar para la Fundación Mercasevilla. Ésta aparece en las grabaciones en las que Mellet pidió 150.000 euros para pagar una instalación eléctrica del centro y otros 300.000 con un “uso no conocido” para acceder a las ayudas de la Consejería de Empleo. Ésta abrió una investigación interna, ya que aunque no se aportan nombres en las cintas, sí se plantea un escenario que vincula el caso a la Junta, y lo puso en manos de la Fiscalía. Se guardaron dos meses de silencio. Sólo lo sabían unos pocos. La Ejecutiva Provincial del PSOE y la dirección regional socialista negaron ayer tener constancia de este caso. Cuando se difundió el martes, se activaron los mecanismos. Esa misma noche se reunió de forma extraordinaria la comisión ejecutiva de Macarena, agrupación a la que pertenecen los dos directivos de la empresa participada en un 51% por el Ayuntamiento. Se aprobó por unanimidad expulsar a los dos militantes del partido. Un día después, fue el PSOE provincial quien anunció la suspensión provisional de los dos militantes y el inicio de un expediente sancionador contra ellos. “No era una obligación informarnos”, matizó el secretario de Organización del PSOE-A, Rafael Velasco, quien alabó la gestión de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de este caso. En términos similares se expresó el vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías: “El comportamiento del alcalde ha sido intachable”. “Hay que ser contundentes para apartar a las ovejas negras del rebaño”, subrayó el portavoz socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.El PP reclamó sin embargo más contundencia. Instó al Gobierno local a acudir a los tribunales. La oposición señala el nuevo objetivo: el centro de atención socioeducativa, la guardería de Mercasevilla, objeto también de un programa de subvenciones en los últimos años –97.000 euros en el último ejercicio–. Su directora es Mercedes Jiménez Llanes, la esposa de Mellet, según denunció el PP.
20/04/2009
IU consuma la expulsión del partido de Juan Pazos
El Correo
La ejecutiva regional de IU, reunida ayer por la tarde, acordó, tras un intenso debate , la expulsión de la organización del alcalde de Camas Juan Pazos y de los ediles que lo secundaron en el nuevo equipo de gobierno que mantiene en el pueblo con el PSOE.La expulsión también afecta a dos cargos de confianza que el actual primer edil tiene. Una vez finalizada la instrucción del expediente abierto contra ellos por el consejo local del partido, los afectados recurrieron la sanción impuesta por este órgano a la comisión de garantía de IU intentando con esta actuación paralizar su salida de la federación. El acuerdo, “adoptado por amplia mayoría”, frustra los planes del alcalde de Camas y sus concejales, ya que no es otra cosa que otorgarle ejecutividad a la sanción de expulsión impuesta por la dirección local. Por tanto, a partir de hoy y por encima de recursos interpuestos por los afectados, ya no pertenecen a la federación, “por lo que pasarán a ser considerados como tránsfugas”, según informó ayer la dirección provincial.La dirección local, encabezada por el ex alcalde Agustín Pavón, formalizará hoy ante el registro municipal del Ayuntamiento de Camas el certificado del acuerdo adoptado, con objeto de solicitar la declaración de los expulsados como concejales no adscritos (no pertenecientes a ningún grupo municipal).IU se dirigirá esta semana “formalmente” a la dirección local del PSOE informándole de la nueva consideración de estos munícipes como tránsfugas, y solicitándoles, por ello, la ruptura del pacto de gobierno que mantiene esta organización con el alcalde de Camas. “Estos cargos públicos ya no pertenecen ni representan a la coalición de izquierdas, por lo que el desarrollo y el cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad firmado entre IU y PSOE en Camas” ya no puede “sustentarse” en dichos munícipes, según apuntaron las mismas fuentes.
IU consuma la expulsión del partido de Juan Pazos
El Correo
La ejecutiva regional de IU, reunida ayer por la tarde, acordó, tras un intenso debate , la expulsión de la organización del alcalde de Camas Juan Pazos y de los ediles que lo secundaron en el nuevo equipo de gobierno que mantiene en el pueblo con el PSOE.La expulsión también afecta a dos cargos de confianza que el actual primer edil tiene. Una vez finalizada la instrucción del expediente abierto contra ellos por el consejo local del partido, los afectados recurrieron la sanción impuesta por este órgano a la comisión de garantía de IU intentando con esta actuación paralizar su salida de la federación. El acuerdo, “adoptado por amplia mayoría”, frustra los planes del alcalde de Camas y sus concejales, ya que no es otra cosa que otorgarle ejecutividad a la sanción de expulsión impuesta por la dirección local. Por tanto, a partir de hoy y por encima de recursos interpuestos por los afectados, ya no pertenecen a la federación, “por lo que pasarán a ser considerados como tránsfugas”, según informó ayer la dirección provincial.La dirección local, encabezada por el ex alcalde Agustín Pavón, formalizará hoy ante el registro municipal del Ayuntamiento de Camas el certificado del acuerdo adoptado, con objeto de solicitar la declaración de los expulsados como concejales no adscritos (no pertenecientes a ningún grupo municipal).IU se dirigirá esta semana “formalmente” a la dirección local del PSOE informándole de la nueva consideración de estos munícipes como tránsfugas, y solicitándoles, por ello, la ruptura del pacto de gobierno que mantiene esta organización con el alcalde de Camas. “Estos cargos públicos ya no pertenecen ni representan a la coalición de izquierdas, por lo que el desarrollo y el cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad firmado entre IU y PSOE en Camas” ya no puede “sustentarse” en dichos munícipes, según apuntaron las mismas fuentes.
El Consistorio de Camas celebra el primer pleno tras aprobar la expulsión de Pazos
Agencias
El Ayuntamiento de Camas (Sevilla) celebrará mañana un pleno extraordinario con motivo de la aprobación de las mesas electorales de las elecciones europeas del 7 de junio, la primera sesión de la corporación después de que la ejecutiva de IU-CA respaldara las expulsiones decretadas por la estructura local del partido contra el alcalde, Juan Ignacio Pazos, sus dos concejales leales y dos cargos de confianza y el coordinador local y ex alcalde, Agustín Pavón, reclamase su transformación en ediles no adscritos y, por ende, tránsfugas. Fuentes municipales informaron a Europa Press de que con motivo de la aprobación de las mesas electorales de las elecciones al Parlamento Europeo, el Ayuntamiento de Camas celebrará mañana un pleno de carácter extraordinario en el que tal asunto constituye el único punto del orden del día, dado que Pazos baraja convocar un nuevo pleno quizá para finales de la semana en curso o para la siguiente. Recientemente, el coordinador local de IU-CA y ex alcalde, Agustín Pavón, había exigido a Juan Pazos que, junto a sus ediles leales, asumiera su condición de concejal no adscrito dada la resolución de la ejecutiva regional de IU que aprueba los expedientes de expulsión incoados en su contra, insistiendo en que debe permitir que el pleno tome conocimiento de la ruptura entre el partido y estos concejales porque, de lo contrario, IU-CA denunciará al primer edil por posible prevaricación. En declaraciones a Europa Press, Pavón explicó que después de haber entregado en el Registro del Ayuntamiento la resolución de la ejecutiva andaluza de IU que acordaba por 12 votos a favor y seis en contra la aprobación de los expedientes de expulsión incoados contra el alcalde, sus dos concejales leales y dos cargos de confianza, el pleno debía tomar conocimiento de tal aspecto para materializar la transformación de estos capitulares en ediles no adscritos.
A tal efecto, Pavón había mostrado su temor ante la posibilidad de que el alcalde "convoque un pleno extraordinario" en solitario y no incluya la toma de conocimiento de la citada resolución al objeto de mantener las siglas de IU, ante cuyas comisiones andaluza y federal de Arbitraje y Garantías Democráticas ha recurrido el alcalde los citados expedientes de expulsión.
Agencias
El Ayuntamiento de Camas (Sevilla) celebrará mañana un pleno extraordinario con motivo de la aprobación de las mesas electorales de las elecciones europeas del 7 de junio, la primera sesión de la corporación después de que la ejecutiva de IU-CA respaldara las expulsiones decretadas por la estructura local del partido contra el alcalde, Juan Ignacio Pazos, sus dos concejales leales y dos cargos de confianza y el coordinador local y ex alcalde, Agustín Pavón, reclamase su transformación en ediles no adscritos y, por ende, tránsfugas. Fuentes municipales informaron a Europa Press de que con motivo de la aprobación de las mesas electorales de las elecciones al Parlamento Europeo, el Ayuntamiento de Camas celebrará mañana un pleno de carácter extraordinario en el que tal asunto constituye el único punto del orden del día, dado que Pazos baraja convocar un nuevo pleno quizá para finales de la semana en curso o para la siguiente. Recientemente, el coordinador local de IU-CA y ex alcalde, Agustín Pavón, había exigido a Juan Pazos que, junto a sus ediles leales, asumiera su condición de concejal no adscrito dada la resolución de la ejecutiva regional de IU que aprueba los expedientes de expulsión incoados en su contra, insistiendo en que debe permitir que el pleno tome conocimiento de la ruptura entre el partido y estos concejales porque, de lo contrario, IU-CA denunciará al primer edil por posible prevaricación. En declaraciones a Europa Press, Pavón explicó que después de haber entregado en el Registro del Ayuntamiento la resolución de la ejecutiva andaluza de IU que acordaba por 12 votos a favor y seis en contra la aprobación de los expedientes de expulsión incoados contra el alcalde, sus dos concejales leales y dos cargos de confianza, el pleno debía tomar conocimiento de tal aspecto para materializar la transformación de estos capitulares en ediles no adscritos.
A tal efecto, Pavón había mostrado su temor ante la posibilidad de que el alcalde "convoque un pleno extraordinario" en solitario y no incluya la toma de conocimiento de la citada resolución al objeto de mantener las siglas de IU, ante cuyas comisiones andaluza y federal de Arbitraje y Garantías Democráticas ha recurrido el alcalde los citados expedientes de expulsión.
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Julio 2011
